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Nuestra democracia está en riesgo. Hay varias señales.

No es “sólo” que desde Palacio Nacional se lanzan rayos y centellas contra los árbitros, contra los medios, contra jueces, contra…

Ni que desde el Senado o la Cámara de Diputados se reformen, contra viento y marea, leyes que lesionan el Estado de Derecho.

Ni que los partidos políticos, en general, no estén a la altura ni, al parecer, entiendan la gravedad de la situación.

Todas esas señales son ciertas. Pero la señal más clara es la violencia política contra las mujeres por razón de género.

La violencia contra las mujeres siempre es la punta del iceberg. En cualquier comunidad donde es notable, hay toda una estructura que por acción, omisión o tolerancia se ha ido pudriendo. La desigualdad es abismal, y la seguridad pública, la procuración y administración de justicia son un mito.

Y es la señal más alarmante, porque se vuelve tangible que la ley de la selva y no las instituciones democráticas son las que ahí cuentan.

En nuestro país tendrán lugar las elecciones más grandes y más complejas de nuestra historia política. Y lo que hemos observado es que, a más paridad legal, más obstáculos. A más mujeres deseando ejercer o ejerciendo sus derechos políticos, más violencia.

Tras 40 iniciativas presentadas por distintas legisladoras a lo largo de 8 años, y dos Protocolos que buscaron dar una ruta para atender el problema, finalmente, en abril del año pasado, se consiguieron reformas a 8 leyes (generales y federales) que son un gran “círculo de protección”, como le llama María del Carmen Alanis, ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y, en efecto lo son, porque ha nombrado legalmente el problema: Se llama Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. También porque buscan prevenir, atender, sancionar, reparar el daño y erradicar ese tipo de violencia contra las mujeres. Y porque aplican para todo el país, al margen de las reformas en los estados.

Con estas reformas le pusimos nombre y le quitamos el permiso a la violencia contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos.

Estas nuevas leyes se pondrán a prueba en medio de la tormenta que tiene a nuestra democracia pendiendo de hilitos.

Pero muchas mujeres nos estamos ocupando en ofrecer herramientas para que las mujeres puedan hacer frente a esta modalidad de violencia.

En ese contexto se inscribe la Guía práctica para saber qué es, qué hacer y a dónde acudir en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Es una iniciativa de la Senadora Malú Micher, Presidenta de la Comisión para la Igualdad del Senado, y en la que participamos: Teresa Hevia Rocha, quien coordinó el proyecto, Cecilia Tapia y yo.

Asimismo, Lulú V. Barrera, del colectivo Luchadoras abrió una línea de ayuda en caso de violencia digital contra las mujeres:

De igual modo varias redes de abogadas, consejeras, magistradas, candidatas o de mujeres plurales y diversas están atentas y afinando sus mecanismos de actuación.

La violencia contra las mujeres es un asunto que nos compete a todas y todos. No hay que olvidar que sin mujeres no hay democracia.

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